Un rediseño focalizado de la exención del permiso de circulación para vehículos eléctricos podría generar mayores ingresos fiscales, mejorar la eficiencia del gasto público y fortalecer la señal de mercado a favor de la electromovilidad. Así lo concluye el estudio “Análisis de la Exención del Permiso de Circulación para Vehículos Enchufables bajo la Ley 21.505”, elaborado por el Centro de Movilidad Sostenible (CMS).
El análisis indica que, si bien no es posible identificar un impacto causal significativo de la exención sobre las ventas de vehículos enchufables, tampoco existe evidencia para descartar su efecto. En este contexto, el estudio sostiene que estos resultados no justifican eliminar el incentivo, considerando que se trata de la principal política pública vigente para fomentar la demanda de electromovilidad en Chile.
Asimismo, su continuidad se alinea con la Estrategia Nacional de Electromovilidad y la meta de alcanzar un 100% de ventas de vehículos livianos y medianos cero emisiones al año 2035. Sin embargo, el informe advierte que el diseño actual presenta problemas de focalización, regresividad fiscal y baja costo-efectividad.
Entre los principales hallazgos, se identifica que el beneficio favorece en mayor medida a vehículos de alto valor, lo que implica subsidiar a usuarios que probablemente no requieren un incentivo para adoptar esta tecnología. Además, al reducir la recaudación del Fondo Común Municipal (FCM), la exención genera impactos fiscales desiguales entre comunas.
El estudio también señala que el incentivo incluye a vehículos híbridos enchufables (PHEV), que no son cero emisiones y suelen tener precios más altos que los vehículos eléctricos a batería (BEV), lo que debilita la coherencia ambiental del instrumento.
Frente a este diagnóstico, el CMS propone mantener la exención, pero con ajustes clave: excluir a los PHEV del beneficio e incorporar un límite asociado al umbral de vehículos de lujo. Esta propuesta permitiría mejorar la eficiencia del instrumento tanto desde el punto de vista fiscal como ambiental.
El informe estima que este rediseño podría liberar más de $90.000 millones entre 2027 y 2030. Estos recursos podrían destinarse a fortalecer la electromovilidad, ya sea aumentando el beneficio para los BEV o impulsando infraestructura de carga pública y rápida, una de las principales barreras para la adopción. En este sentido, Sebastián Galarza señala: “En el caso de Chile, los usuarios de vehículos eléctricos valoran más el fomento de la carga rápida por parte del Estado, que la exención del permiso de circulación. Este diagnóstico es consistente a nivel internacional”.
Finalmente, el CMS subraya la relevancia de fortalecer instrumentos complementarios, como los estándares de eficiencia energética vehicular, y concluye que la focalización del permiso de circulación representa una oportunidad para robustecer la política pública y hacerla más sostenible en el mediano y largo plazo.